Carabobo: Familiares ruegan medida humanitaria para un preso con cáncer en penal de Tocuyito

Carabobo: Familiares ruegan medida humanitaria para un preso con cáncer en penal de Tocuyito

Rubén Bolívar Idrogo / UVL Carabobo

Los familiares de José Daniel Barrios, de 62 años de edad, quien presuntamente padece de cáncer en el labio superior, el ruegan a la abogada María Iris Varela, ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela, que tome en cuenta este caso.

Asimismo, el llamado es para el tribunal que lleva la causa del presidiario. También le suplican la medida que tenga a bien acordar para que pueda ser tratada su salud.

Barrios, quien está privado de libertad en el  Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador, en la parroquia Tocuyito del municipio Libertador en el estado Carabobo, está en precarias condiciones de salud.

El 03 de octubre de 2019 a la Ciudad Hospitalaria Dr. enrique Tejera (CHET), le realizaron un drenaje quirúrgico de un acceso en el labio superior; siendo nuevamente llevado al centro reclusorio.

Por otra parte sostuvieron los parientes del privado de libertad, que el Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio le solicitó el 28 de octubre de este año, con carácter de urgencia al Director del Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador, el trasladó de José Daniel Barrios hasta la CHET para una evaluación de medicina interna; pero el penal no quiere prestar la ambulancia para trasladar al paciente (presidiario) para el examen médico.

Ante esta negativa, la salud de Barrios se deteriora y su vida corre peligro. Igualmente manifestaron los parientes, que una persona con ese tipo de enfermedad no puede permanecer en la cárcel porque está condenada a la muerte.

Los privados de libertad carecen de atención médica y de higiene. Llegan saludables, pero se contagian  con los que ya están enfermos, sostuvieron.  

La salud es un derecho humano

La abogada Lyli López Vásquez, Directora General Nacional de la Fundación Pro Defensa de los DDHH Libertad Justicia y Orden, sostiene que la salud es un derecho humano fundamental inherente al ser humano.

abogada Lyli López Vásquez

Aseveró, que el Estado tiene la obligación de garantizar a todas las personas privadas de libertad el completo bienestar físico y psicológico mientras éstas se encuentren en el centro de reclusión, aunado a que debe crear las condiciones de salubridad en los espacios destinados para su atención médica, con personal médico preparado para cualquier emergencia en dicha instalación.

A pesar de las intenciones del Estado de humanizar el sistema, lamentablemente no es así. “Las condiciones son aún adversas como el encierro, el calor, el hacinamiento, la violencia, entre muchas otras. Y, ahora enfrentando enfermedades que se creían ya erradicadas como la tuberculosis”.

La activista de los DDHH agregó que, otro factor detonante es la carencia de insumos médicos, personal insuficiente y no permanente. Además,  hay retrasos para los traslados al hospital por falta de ambulancia.

A cada recluso se le debe hacer un examen médico al ingreso al centro carcelario o al comando policial o Centro de Detención Preventiva (CDP). “Esto está consagrado en el ordenamiento jurídico interno y en las normas internacionales que regulan la materia”.

Explicó la abogada, que este examen permitirá conocer el diagnóstico de la salud de la población penal, prevenir las epidemias, que por cierto ya la están padeciendo; establecer planes de salud preventiva y curativa.

Por otro lado, hay que procesar las denuncias de posibles torturas, tratos crueles e inhumanos degradantes. Además, los casos de urgencia de VIH/SIDA, tuberculosis, cáncer, enfermedades de transmisión sexual, entre muchas otras, dijo.

“Sabemos de los esfuerzos de muchos funcionarios humanistas dentro del sistema de justicia por hacer cumplir este derecho humano a la salud, pero el porcentaje que se cumple es muy mínimo”, apuntó López Vásquez.

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