Al Estado le salen gratis los presos en comisarías

Pableysa Ostos / UVL Bolívar

Ciudad Bolívar. Desde afuera pareciera ser una comisaría ordinaria, igual a las más de 15 que existen en el estado Bolívar. Pero al entrar la realidad es muy distinta. Se escucha a una mujer orando con fervor. Mientras el pastor va diciendo unas palabras, ella va pidiendo: “que todo sea para tu gloria Señor. Te pedimos que no existan más cárceles en Venezuela y por todos los que permanecen en ellas actualmente”.

Este grupo no está en una cárcel, pero sí en una comisaría que desde hace muchos años cumple el papel de un centro penitenciario. El Centro de Coordinación Policial (CCP) Guaiparo de la Policía del Estado Bolívar (PEB) es la comisaría con mayor privados de libertad en el estado Bolívar.

Aunque el espacio fue diseñado para albergar unos 300 detenidos actualmente tiene mil. A pesar de que fue creada la Comisión para la Revolución Judicial de la Asamblea Nacional, con el objetivo de revisar los procesos judiciales y combatir la privatización de la justicia, el plan no termina con el hacinamiento y otros factores que aquejan a los privados de libertad y sus familias.

Una fuente policial le que, “al Estado le sale gratis tener a un preso en una comisaría en vez de tenerlo en una cárcel”, debido a que el Ministerio Poder Popular para el Servicio Penitenciario, en su presupuesto no toma en cuenta a los más de 6 mil privados de libertad que hay en las comisarías del país, debido a que su competencia es solo en temas carcelarios.

“Uno conoce la realidad en cada calabozo y pasamos de cumplir las funciones habituales de policía para convertirnos en custodios”, añadió.

Por su parte, José Gregorio Beria, quien es abogado, defensor de los Derechos Humanos y a formado parte de las mesas de trabajo de la Comisión para la Revolución Judicial señaló que “el primer aspecto que se debe considerar sobre la cuestión del hacinamiento penitenciario es la falta de establecimientos adecuados y clasificados para la detención preventiva.  Guaiparo por ejemplo era para albergar algunos 300 presos y ya es una cárcel con hasta 1000 presos”.

“Los tribunales y la fiscalía son los principales responsables del hacinamiento.  Y toda la estructura del sistema y el Estado porque no existen políticas de prevención del delito. Esta sociedad es un desmadre (la sociedad de consumo) y no se invierte en educar y superar la pobreza material y la espiritual.  Se fracturó la familia,  niños sin padres responsables, padres que trabajan y no atienden a los hijos, embarazo precoz, etc.”, añadió Beria.

Panorama sombrío

El especialista también destacó que no existen planes de reinserción social.  “La oficina del Ministerio penitenciario para esas cosas no cuenta ni con personal, ni con equipos y materiales. Nadie hace seguimiento a la gente que está en libertad condicional y hay gente bajo régimen de presentación de hasta 5,6 y hasta 10 años por delitos menos graves.  Los tribunales están atrasados y la corrupción es el principal problema”.

“Los fiscales acusan e imputan y no investigan. Se violan normas de carácter Penal procesal, como la presunción de inocencia,  el debido proceso y los derechos humanos.  No tener dinero es el problema en este sistema.  El 98 % de los presos son de las capas pobres, 80 por ciento de estos hombres y 20 por ciento mujeres”, denunció Beria.

Por su parte, la mayoría de los presos están por delitos menos graves,  otro porcentaje por causas de robos, extorsión y abusos sexuales.  Un porcentaje menor son homicidios y drogas. Fuentes legales coinciden en que las malas prácticas policiales son un porcentaje importante de las detenciones arbitrarias. 

Y suman que en muchas causas los presos y sus familiares denuncian abusos, detenciones arbitrarias, sin orden judicial y que son víctimas de extorsión y robos por parte de los organismos de seguridad.

“La mayoría de los casos de detenidos con pequeñas cantidades de drogas, municiones y armas caseras o portes son sembrados. En los llamados ‘Operativos’ o los planes de seguridad como los que se ejecutaron en la Cuarta República y ahora , aumentan las ejecuciones extrajudiciales,  falsos positivos, detenciones arbitrarias,  robos a los hogares,  abusos y corrupción policial”, añadió al equipo de la UVL el abogado Beria.

Desde las comisarías

En el artículo 272 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, se establece que: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización”.

Aunque el MPPSP afirma cumplir con eso, varias son las denuncias que han realizado familiares y hasta privados de libertad desmintiéndolos. En el caso del CCP Guaiparo, han puntualizado que la intención es “convertirlo en un centro de rehabilitación”.

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