Los familiares de los reclusos tuvieron que proveerlos de tapabocas porque las autoridades no lo hicieron. En caso de necesitar asistencia médica urgente, el interno será llevado al hospital de Maturín.
Equipo Investigación UVL
Aislamiento. Esa es la palabra que define al único protocolo de prevención que seguirán en los comandos policiales de Maturín, capital del estado Monagas, en el caso de que algún privado de libertad tenga síntomas del coronavirus. No se trata de un plan diseñado para atender una contingencia sino del que habitualmente siguen las autoridades cuando algún preso es diagnosticado con una enfermedad respiratoria, como la tuberculosis por ejemplo.
El recluso será llevado hasta un calabozo para que no tenga contacto con los que están sanos, pero de bajo peso. En la Policía del estado Monagas existe un área llamada “Los tigritos” y es allí donde se aíslan a los enfermos; actualmente, solo hay un detenido que presenta una afección respiratoria, que no fue precisada por la fuente consultada y de la que se desconoce si está reportada a las autoridades sanitarias.
La hospitalización se realizará en el caso de que sea urgente y porque sea ordenada por un médico luego de realizarles las pruebas por coronavirus. En lugar de trasladarlo hasta el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, que es el centinela en Monagas, será llevado en una patrulla policial hasta el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) más cercano, que en este caso está ubicado a unos 800 metros, aproximadamente, en la misma avenida Bella Vista, zona oeste de la ciudad.
La reclusión en el CDI se cumplirá bajo la presencia de los custodios y si el privado de libertad se complica se remitirá hasta un área acondicionada en el Servicio Autónomo de Traumatología de Monagas (Satramo), en el Núñez Tovar, que es donde se recibirán a los casos críticos de COVID – 19 en la entidad, que hasta el 27 de marzo solo reporta un caso positivo de este virus y está en franca mejoría, de acuerdo a las autoridades sanitarias.
El jueves 26 de marzo, la Gobernación de Monagas informó a través de una nota de prensa que ese espacio cuenta con 15 camas y que está completamente dotado para atender a cualquier persona que lo requiera. Ese mismo día, la gobernadora Yelitza Santaella dijo en su programa radial, “Conversando con Yelitza”, que habían desinfectado con hipoclorito de calcio y agua a los cuerpos policiales, pero no precisó si esto se ejecutó en los calabozos.
Una fuente interna del hospital de Maturín, quien prefiere resguardar su identidad por temor a represalias gubernamentales, asegura que el hospital no está en la capacidad de albergar un ingreso masivo de reclusos contagiados con el COVID – 19, “porque en la Unidad de Terapia Intensiva solo están operativas tres camas, pero una de ellas es para que el familiar del paciente asuma todos los gastos de insumos y tratamiento”, argumenta.
Además, faltan enfermeras para atender a los ingresos; solo una queda por guardia en casa piso y el hospital tiene cinco. Igual ocurre en la emergencia de adultos y niños, donde familiares de pacientes se han quejado porque el tratamiento no se cumple a las horas establecidas por el especialista tratante. Tampoco hay insumos médicos, asegura.
Las medidas
Las visitas se suspendieron en los centros de detención preventiva, incluso en el Centro Penitenciario de Oriente, también conocido como cárcel de La Pica; tan pronto el gobierno de Nicolás Maduro anunció la cuarentena social en todo el país para evitar la propagación del coronavirus, que para el 26 de marzo registraba 107 casos y un fallecido en la nación.
A Luisa, nombre protegido por petición de la persona, la medida la asusta porque los calabozos de la Policía del estado Monagas son un constante foco de infección debido a las fallas de los servicios públicos, como el agua principalmente. “Para nadie es un secreto que esos muchachos están en malas condiciones y son tratados muy mal. Mi hijo me dice que está bien, pero hasta que no lo vea no lo creeré”, expresa.
Luisa tiene a su hijo detenido desde hace dos meses en la Policía de Monagas y la última vez que lo visitó se trajo en su memoria las condiciones deplorables en las que convive junto a otros privados de libertad; “son muchos en un espacio pequeño”, dice sin saber precisar cuántos presos están en una misma celda. Confía en que las autoridades atenderán a tiempo a cualquier recluso que presente los síntomas del coronavirus.
Adentro, todos tienen tapabocas porque los mismos familiares se los han suministrado al igual que la comida diaria. Toda debe estar en la entrada de la Policía a las 10:00 de la mañana al igual que el agua y el resto de los enseres que serán entregados por los custodios después de revisarlas. El agua que consumen es hervida, pues la del aseo es suministrada en camiones cisternas por Aguas de Monagas, refiere una fuente interna.
Lo que sí se ha acentuado son las requisas. Estas se realizan a diario para mantener un mayor control de los internos y son ejecutadas por funcionarios de la Brigada Anti motín de la Policía del estado Monagas, pero a la fecha el organismo de seguridad no ha informado sobre los resultados que han obtenido.
El traslado hasta el Circuito Judicial Penal se sigue cumpliendo, pero corre por cuenta de la familia al igual que la movilización hacia el Hospital Manuel Núñez Tovar, en el caso de que sea por chequeo médico. La falta de gasolina en Monagas ha hecho que los mismos funcionarios usen sus vehículos para realizarlos, pero imponen tarifas dolarizadas por día de trabajo.
Una odisea
Llegar hasta un centro de detención preventiva nunca había sido tan complicado, ni siquiera hace tres años cuando el déficit de transporte público alcanzó al 70% de la flota en Maturín, capital del estado Monagas, el segundo productor de petróleo en Venezuela; estimado en 1.500 unidades.
Carmen Rivas, esposa de un preso en la Policía municipal de Maturín y cuya identidad también está protegida, cuenta que para cumplir con la hora de entrega de los alimentos debe madrugar porque en la parada de autobuses se suele perder hasta una hora y media esperando por un colectivo. “Además, debes esperar otro rato más en el centro para bajar hasta acá”, mencionó.
Carmen manifiesta que caminar una hora hasta el centro de detención no es factible cuando se carga comida y agua potable. Gastan más de 50.000 bolívares al día en pasajes porque los transportistas están cobrando hasta 10.000 bolívares. “En momentos como estos es cuando necesitamos solidaridad, que no especulen con el pueblo y eso es lo que más ocurre”, refiere.
Luisa, la mamá del detenido en Polimonagas, cuenta que comprar alimentos también se está dificultando porque se forman colas frente a los supermercados asiáticos del centro de Maturín, que es donde se puede comprar con punto de venta. “En las bodegas ya no podemos comprar porque necesitas efectivo y el que conseguimos es para pagar el pasaje”, explica.
Por eso, los presos reciben arroz, pasta y granos en las viandas; el pollo, la carne o el pescado volvió a un segundo plano. “Antes podía traerle una vez a la semana algo de pollo o carne, pero ya no porque además los precios de los productos aumentaron. Lo que le preparo a mi hijo es para él y para que comparta, se lo dejo en la garita y los policías se le llevan. Tengo que traer mi mascarilla y enviarle otra para él”, cuenta.
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