Por Rosibel Cristina González
El Nacional
Carlos Mendoza cumplió una condena de seis años en la cárcel Vista Hermosa, en el estado Bolívar, por robo a mano armada y tenencia de estupefacientes. Afirma que no es difícil reincidir. “No aprendemos nada cuando estamos presos. Al contrario, corregimos los errores para no fallar otra vez. En la cárcel preservas la vida y en la calle más, si sigues jugando con el diablo”. Expresa que el sistema carcelario lo marcó, lo hizo un profesional del delito.
Mendoza no es el único ex convicto a quien rehabilitarse socialmente le parece cuesta arriba.
Ocho de cada diez reclusos que salen en libertad vuelven a delinquir, según el abogado penalista Carlos Morín, quien afirma que para el condenado, la libertad implica enfrentarse a una sociedad que le niega oportunidades laborales. Más aún si no fue preparado con programas de reinserción, tipificados en la legislación venezolana. “El trabajo del preso es pensar en su próxima acción. Una vez que sale y se enfrenta a la sociedad, se encuentra con que no puede cubrir los gastos y es rechazado por su prontuario. Entonces roban una vez más y siguen la ley de la calle, porque es lo único que saben hacer”, dijo.
El orden cerrado no reeduca. El testimonio de Mendoza reafirma la teoría del abogado criminalista Fermín Mármol García, para quien la promesa del nuevo modelo carcelario no pasó de uniformar de color amarillo a los varones y participar en una rutina matutina de orden cerrado.
“Estudios y formación para un oficio no figuraron en el nuevo esquema penitenciario, al menos en las cárceles Tocorón, Tocuyito, Rodeo I y Vista Hermosa, donde se contabilizan más de 16.000 privados en hacinamiento”.
Mármol León cuestiona que los planteamientos presentados al país hace seis años se hayan convertido en un pase de entrada a recintos en los que las actividades para combatir el ocio son las apuestas, fiestas nocturnas, pernocta de familiares todo un fin de semana, así como otras actividades que no se pueden desmentir porque son los reclusos que lo publican a través de las redes sociales”, dijo Mármol García.
“Se le dio una estocada al artículo 272 de la Constitución. El producto que emigra de nuestras cárceles no sale con una certificación que le ayude a desempeñarse en la sociedad, lo cual lo alejaría de la vida delictiva. Por el contrario, la cárcel se convierte en su universidad para aprender a perfeccionar el crimen”.
Laboratorios para delinquir. Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, explica que el hacinamiento, el ocio y el retardo en los procesos penales son parte del factor común de los centros penitenciarios que propicianinternamente momentos para pensar en sus próximas acciones delictivas.
Asevera que el Estado les dio el control de las cárceles a los presos “y no hay política alguna que pueda contrarrestar la realidad de los centros penitenciarios, espacios donde se reeduca para delinquir”.
Es el caso de Jonathan Marrero. Doce años de condena cumplidos en La Planta y Rodeo I le dieron tiempo suficiente para pensar en su nuevo estatus como delincuente. Su fuerte: el robo.
“Pasé tres meses con la esperanza de trabajar como obrero de la construcción. La libertad plena no te garantiza que sales renovado. No hay un manual para eso. Te tratan como delincuente porque lo dice tu cara y tu expediente”.
Marrero sabe pintar, trabajar albañilería y pegar bloques, pero la reseña en el sistema lo convierte de por vida en un perseguido social.
“En Rodeo I quise leer y distraer la mente en cosas positivas, pero la rutina te lleva a observar y aprender de los demás. La cárcel es la universidad del delito”, dijo.
No hay otro camino. “Existen las normas desde el punto de vista constitucional y procesal, pero no la voluntad de quienes rigen el sistema para hacerlas cumplir”, señala el abogado Morín
Recomendaciones:
Especialistas consultados coinciden en la descentralización del sistema carcelario.
Clasificación de los reclusos por edades, delitos y nivel de estudio (si lo posee).
El Estado debe aplicar el Habeas Data, establecido en el artículo 28 de la Constitución, el cual consiste en crear un archivo cerrado para la no divulgación de los datos del ex privado de libertad.
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