Una mujer y 58 hombres viven hacinados desde hace dos años y tres meses en una celda improvisada en un galpón que está en la sede de la Policía Nacional, ubicada en La Yaguara, Caracas.
Angélica Lugo, UVL Gran Caracas
Emerson González ha cumplido dos veces años hacinado en un galpón que parece una suerte de refugio en el interior de la Policía Nacional de La Yaguara. Tiene 43 años y los dos últimos 9 de abril no ha podido celebrar su día, pues está privado de libertad por ser uno de los 59 colombianos que forma parte del grupo de 92 supuestos conspiradores del gobierno de Nicolás Maduro.
Emerson, como la mayoría de estas personas de nacionalidad colombiana, es de escasos recursos y fue apresado en uno de los procedimientos de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) que entre el 24 de agosto hasta el 14 de septiembre de 2016 se ejecutaron para captar a personas de esta nacionalidad. ¿Los delitos de estos ciudadanos?, estar indocumentados, pero Maduro los acusa de terrorismo, de asociación para delinquir y forzamiento de documentos públicos.
“Hay compañeros que llevan tres cumpleaños aquí en la policía y ya con este son tres diciembres aquí, porque la mayoría fuimos apresados desde el 24 de agosto hasta el 14 de septiembre de 2016”, cuenta Emerson.
Estos 59 colombianos, que en su mayoría son de escasos recursos que se dedican a labores de carpintería, albañilería, buhonería y de construcción, son víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos, no solo del retardo procesal y del debido proceso, pues estas personas sobreviven en condiciones infrahumanas, como la mayoría de los presos venezolanos.
Todos enfrentan a la justicia venezolana sin conocer procedimientos jurídicos y legales. Casi ninguno ha ido a tribunales, pero sí están conscientes de las arbitrariedades del caso: “El año pasado cuando hubo las audiencias no nos llevaron a casi ninguno de nosotros a tribunales, porque somos muchos. Pero sí fueron algunos familiares nuestros”, explica Emerson González.
El 29 de noviembre de este 2018 fueron imputados en una audiencia que les realizaron, sin ellos saber y sin la presencia de sus abogados, en plena sede de la Policía Nacional.
“No dejaron pasar a los abogados defensores y les impusieron defensores público, a pesar de que estábamos ahí. Tuvimos que quedarnos afuera al aguardo de una deportación o de una liberación, como se esperaba”, denunció en ese entonces el director del Foro Penal, Alfredo Romero.
La decisión fue dada en el tribunal 47 de Control de Caracas, a cargo de la juez Cecilia García. Está pautada una audiencia preliminar 45 días posteriores a la audiencia celebrada en la sede policial en la que se debería explicar si se comienza o no un proceso judicial.
En noviembre de 2017 un tribunal de Caracas ordenó la libertad de estos colombianos. Sin embargo, la orden no fue acatada y el 22 de noviembre la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), suspendió los efectos de esa sentencia, pues argumentan que había un proceso administrativo en tema migratorio.
Lo liberaron por la muerte de su esposa
Las historias de los 59 colombianos presos en la PNB de La Yaguara son tristes. La de Edifran Ojeda es la más traumática. Su esposa, que estaba embarazada, sufrió una subida de tensión el 5 de mayo de 2017 cuando fue a una audiencia en el Palacio de Justicia en la que el juez dijo que no los liberaría y que no pensaba pronunciarse pues consideraba que se trataba de un caso político.
Cuando la esposa de Ojeda se complicó fue trasladada de emergencia a un hospital, pero falleció al día siguiente. Los médicos lograron salvar al bebé y, al conocerse la tragedia, Ojeda fue puesto en libertad para que se ocupara de su hijo y de otros dos niños que tenía con su pareja.
Edifran, cuentan sus compatriotas que aún siguen en la Policía Nacional, trabajaba en una zapatería antes de ser detenido. En la actualidad trabaja en la economía informal para mantener a sus tres hijos y cubrir sus gastos.
Dos de sus 11 años en Venezuela han sido en prisión
Visitar a una tía en Caracas y, hacer un dinero extra como ayudante de construcción le valió la prisión a Fernando Valencia, quien el 12 de marzo de este 2018 cumplió 30 años y pasó por segundo año consecutivo su cumpleaños en ese centro de detención preventiva.
Fernando recuerda cómo el 2 de noviembre de 2016 fue detenido cuando salía de culminar un trabajo en Petare: “Como a las 6 pm delincuencia organizada de la PNB, nos llevó a Maripérez. Duramos como 15 días allí. Nos agarraron para ver los documentos, pero la verdadera razón era que el primero de noviembre era la toma de Caracas convocada por la oposición. Hacían una rutina para verificar los papeles y decían que nos iban a llevar al Saime, pero en ningún momento los llevaron”.
Valencia lamenta no poder ver a su hijo de ocho años y no titubea al asegurar que está secuestrado en la Policía Nacional. “Estoy encerrado pagando un delito que no he cometido. Supuestamente nos tienen aquí por indocumentados y ahora nos acusan de terrorismo, asociación para delinquir y forjación de documentos públicos. Me hace falta mi hijo que está solo con la abuela, porque yo me separé desde hace mucho tiempo de su mamá y yo era quien estaba pendiente de él. De hecho, cuando me agarraron, él estaba conmigo en Caracas. Es muy triste para mi saber que mi muchacho está solo por allá y que pasará por tercera vez un diciembre sin mí”, manifiesta Valencia.
Fernando también desconoce el tema legal. No obstante, tiene la misma percepción de sus compañeros: “Supuestamente nosotros éramos parte de 92 paramilitares que conspiraban contra Maduro y, como tenían que reunir a los 92 colombianos, nos incluyeron en el paquete a nosotros”.
Una Ventana a la Libertad pudo comprobar cómo son las condiciones de reclusión de los 58 colombianos y de la mujer de la misma nacionalidad que tiene 24 años de edad. No tienen acceso a la luz del día en el galpón en el que están hacinados. En la única oportunidad que ven el sol es cuando los funcionarios los sacan para hacer el conteo de presos.
Todos tienen literas, pero con sábanas han improvisado unas especies de carpas o dormitorios más íntimos y personales que ellos denominan “cambuches”. No tienen agua potable y las pocetas no sirven, por lo que todos se ven obligados a desechar sus necesidades en un desagüe al que le dicen “tanquilla”.
“Las pocetas no sirven a raíz de que la tubería de los bajantes se tapó y nunca más la destaparon. Nos vimos en la necesidad de usar tobos y la tanquilla para hacer las necesidades”, refiere Fernando.
Estos 59 colombianos, como toda la población penitenciaria que está privada de libertad en centros de detención preventiva, dependen de los alimentos que les llevan sus familiares. Pero en esa policía les dan una comida al día. Arroz con granos y, en el mejor de los casos, con pollo, es el menú que más se repite.
Los casos expuestos en este reportaje son solo tres historias de los 59 colombianos que están en la mira del gobierno de Maduro por supuestamente ser conspiradores. Este diciembre estos ciudadanos han grabado videos que hicieron llegar a UVL para exigir su liberación.
La Organización de Naciones Unidas, las ONG Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otros organismos, se han pronunciado para solicitarle a los gobiernos de Venezuela y Colombia que tomen acciones contundentes para lograr la liberación de estos ciudadanos.
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