Alcaldía le suministra comida a diario a presos de Poliguaicaipuro, con apoyo de la congregación de las Hermanas Agustinas
Pola Del Guidice, UVL/ Los Teques
Mirtha Mendoza, tiene a su sobrino detenido en la sede de la Policía del estado Miranda (Polimiranda), en Los Teques, capital del estado Miranda, a unos 26 kilómetros de Caracas, la capital del país y su ciudad de su residencia. Desde que a Jonhder, lo detuvieron le ha sido difícil llevarle a diario la comida, por el costo de pasaje en autobús en la ruta entre ambas ciudades.
Gracias al esfuerzo de Mirtha y de otros familiares de detenidos en la policía regional Jonhder y otros 62 detenidos reciben comida a diario. “Hay detenidos que no tienen familiares que les traigan comida, y a todos se nos hace difícil ayudarle a diario”, dijo Mendoza.
De acuerdo con un recorrido realizado por los Centros de Detención Preventiva (CDP) se conoció que en los centros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de Polimiranda es donde hay mayor cantidad de detenidos con problemas y deficiencias nutricionales.
Un conteo extraoficial, dado por los familiares, indica que se contabilizan entre ambos CDP unos 40 presos con desnutrición severa, quienes no cuentan con familiares que les lleven alimentos y carecen de recursos para una buena alimentación diaria. “Para nadie es un secreto que la situación económica nos mantiene viviendo al día con la comida y es hasta aún más difícil traerle comida a diario a nuestros familiares”, relató.
En los ocho calabozos dispuestos en los Altos Mirandinos, hay 568 detenidos, entre ellos 29 mujeres.
En la región altomirandina, del estado Miranda, que comprende los municipios Guaicaipuro, Los Salias y Carrizal hay ocho Centros de Detención Preventiva, de los cuales siete son civiles y solo uno es de carácter militar y está adscrito a la Guardia Nacional: comandancia de la Policía del estado Miranda (Polimiranda), Policía del Municipio Guaicaipuro (Poliguaicaipuro), Policía del municipio Los Salias (Polisalias), Policía del municipio Carrizal (Policarrizal), Comando de zona 441 de la Guardia Nacional, sede de la Policía Nacional Bolivariana y los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que alojan detenidos de la delegación estadal Miranda y municipal Los Teques.
Estos centros tienen una capacidad estimada para albergar a 186 personas, de acuerdo a cifras extraoficiales, pero tienen una población de unos 568 privados de libertad, entre ellos 29 mujeres, ubicando el hacinamiento en 205%. Del total de privados de libertad 24 son menores de edad.
Alcaldía lleva alimentos a detenidos a través de congregación católica
En el año 2017, dos reclusos murieron de desnutrición en los calabozos de Poliguaicaipuro y al menos 20% de sus detenidos presentaba desnutrición. Esta situación activó las alarmas de los organismos de seguridad y desde el año 2018, los detenidos de esa sede reciben a diario una comida preparada por hermanas de la congregación Agustina.
El comisionado Jonathan Morín señaló que durante el último año se les han dado suministros a las religiosas para la preparación de estos alimentos, que a diario son entregados a los 79 detenidos que hay en esa sede policial.
Las hermanas tenían como labor social la entrega de estos alimentos a diario, como parte de su comedero, en el que atienden a más de 300 personas vulnerables. De acuerdo a lo señalado por Morín, como consecuencia de la activación de la cuarentena por la pandemia, cada día iban menos familiares a llevar alimentos, por lo que se logró el suministro de estos insumos por parte del ayuntamiento. “Esto ha evitado que nuestros detenidos estén en estas condiciones por no tener una buena alimentación”, dijo.
Detenido con Enfermedad Cerebro Vascular (ECV) no ha tenido atención medica
Durante el monitoreo de salud en esa dependencia, se encontró que uno de los detenidos en los calabozos policiales municipales presenta parálisis de parte de su cuerpo, luego de sufrir Enfermedad Cerebro Vascular, que afectó su parte motora. El jefe de la Policía de Guaicaipuro señaló que han tenido que pedir ayuda médica pero no ha habido atención ni posibilidad de mantenerlo hospitalizado en el hospital local. Tampoco se ha logrado que obtenga una medida humanitaria por parte de los tribunales, los cuales no han realizado audiencias los últimos meses.
Imposible llegar a diario
Para la familia de Johan Álvarez el calvario de tenerlo detenido desde 2019 en los calabozos de la policía regional no es distinto a la de cientos de familiares, que a diario deben ir a este centro de detención.
Residenciados en La Guaira (al norte de Caracas), deben trasladarse a diario al centro de detención a llevarles comida agua y mudas de ropa. “Ahora nos toca ir una vez por semana o cada 15 días”, dijo su hermana Patricia, residente de Naiguatá.
Relató que no solo son las alcabalas que no permiten pasar por la autopista o llegar a Caracas, para tomar el metro, donde también exigen salvoconducto, es también el alto costo de las unidades de transporte. “Para llegar a Los Teques se gastan Bs. 4.000.000 diarios. ¡Es imposible!”, destacó.
Los familiares de los detenidos mostraron preocupación porque desde que inició el confinamiento no ha habido traslados a los tribunales, lo que acentuaría más el retardo policial.
Siguen sin tratamiento
Durante los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021 no se registró ningún operativo de atención medica de enfermedades crónicas ni contagiosas en los CDP de la región altomirandina, ni del estado Miranda.
En el estado Miranda existen 30 centros de detención preventiva que tienen capacidad para albergar a 961 personas. Al menos 162 internos padecen de desnutrición severa, 41 tienen tuberculosis, seis presentaron contagio de COVID-19 en el Centro de detención preventiva de Cicpc en Los Teques, los cuales fueron reportados por las autoridades, y uno padece de VIH en un CDP de Santa Teresa del Tuy.
Las enfermedades de la piel, como la escabiosis, se presentan con mucha frecuencia porque en los retenes policiales no hay agua para bañarse y los familiares no pueden costear la adquisición de productos de aseo personal.
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