Se conoció también que seis privados de libertad en las instalaciones de la PNB de Mérida también recibieron medidas cautelares, mientras en en la Policía Municipal de Libertador no fue aplicado este recurso
Elvis Rivas
En el estado Mérida, desde que se activó el pasado 28 de junio la comisión designada por la Asamblea Nacional para la “Revolución del Sistema Judicial” han sido revisados la mayoría de los Centros de Detención Preventiva, CDP, ubicados tanto en la ciudad de Mérida, como en el resto de los 23 municipios del estado.
Al menos 100 casos de privados de libertad han sido objeto de medidas cautelares, entre ellos 14 que fueron aplicadas a detenidos en las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Mérida, (CICPC), así como cuatro (04) por suspensión temporal del proceso, una libertad plena y dos arrestos domiciliarios.
Por otra parte, privados de libertad en las instalaciones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Mérida y Ejido, municipio Campo Elías, fueron objeto de seis medidas cautelares, mientras que en la policía municipal de Libertador del municipio capital, no se aplicó ninguna.
Según el Código Orgánico Procesal Penal, COPP, la suspensión temporal del proceso se establece como un “beneficio que gozan los imputados cuando existe la admisión de responsabilidad en el hecho que se le imputa, por lo que al cumplir con los requisitos exigidos durante cierto tiempo genera la extinción de la acción penal”.
El diputado a la Asamblea Nacional, Ramón Lobo, designado por el Parlamento como represente de la comisión en Los Andes, señaló el 17 de julio pasado, que las acciones enmarcadas en la “Revolución del Sistema Judicial” están conformadas por tres fases. La primera de ellas, la revisión y evaluación de los Centros de Detención Preventiva, CDP, con el objeto de descongestionar los recintos que durante años han estado inmersos en problemas como el hacinamiento, agravado por la situación de retardo procesal en el país. Posteriormente, iniciarán la próxima etapa con miras a reformar leyes que tienen que ver con la administración de justicia, y en la tercera fase, se llevará a cabo una reinstitucionalización del sistema de justicia.
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